En una reciente encuesta realizada en Lima y Callao se ha registrado la percepción que tienen los ciudadanos a propósito del cambio climático global y del papel de las instituciones llamadas a atender sus causas y consecuencias.
Los recientes desastres naturales de origen climático y la cobertura mediática de ellos han contribuido a que se genere una mayor información y una renovada conciencia respecto del problema.
Así, el 64,1% de los encuestados afirma estar informado o muy informado sobre dicho fenómeno, en tanto que el 91% sostiene que está afectando mucho o bastante al país.
Apenas el 6,8% de los encuestados señala que las autoridades le confieren mucha o bastante importancia al tema, mientras la cifra llega apenas al 19,5% si se trata de la población. Bastante mejor aparecen los medios, con un 38,5%.
Estos resultados revelan una profunda autocrítica. Aunque se reconoce la dimensión del problema y la urgencia de atenderlo, se acepta asimismo la aún incipiente capacidad de nuestras instituciones y de la sociedad en general para enfrentar este desafío.
Revertir esta situación exige el ejercicio de un fuerte liderazgo, y esto no es solo necesario en la esfera del Estado, sino de todos.
Hoy en día se observa, con frecuencia, a muchos personajes públicos al momento de enfrentar las consecuencias de los desastres.
En esta coyuntura se deben usar esas energías para demandar una reforma de nuestras instituciones, la cual debe permitirnos evitar o al menos disminuir los costos que el cambio climático puede acarrear en nuestra sociedad.
La lamentable pérdida de vidas humanas y los costos económicos originados por las lluvias en el país constituyen un dramático ejemplo.
Para construir una política frente al cambio climático hacen falta objetivos muy claros, una red de instituciones coordinadas y descentralizadas, así como herramientas e instrumentos efectivos.
Así, por ejemplo, el manejo de los bosques naturales –de suma importancia para las tareas de mitigación y adaptación al cambio climático– requiere de una autoridad forestal autónoma y transparente, con las capacidades necesarias para gestionar sosteniblemente nuestra enorme riqueza forestal, lo cual ha sido destacado en un reciente Informe de Adjuntía de la Defensoría del Pueblo realizado en Lima.
Iván Lanegra.
Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo
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